LA FRONTERA QUE NO DETIENE EL DOLOR

Impacto de la Ofensiva Antiinmigrante en la Vida de los Mexicanos

Por Alejandro Díaz Garay

Desde enero de 2025, la administración Trump ha intensificado una ofensiva migratoria sin precedentes que ha trastocado la vida de millones de mexicanos, tanto de quienes residen en Estados Unidos como de las comunidades que los esperan en México. Sus consecuencias no se limitan al ámbito legal o fronterizo: penetran en la economía, la sociedad, los derechos humanos y la salud mental de una población que ha creado un espacio transnacional profundamente interconectado desde el siglo XIX. Históricamente, tras la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo por parte de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, acción que dio fin a la guerra entre ambas naciones; significó en los hechos la pérdida de poco más de la mitad del territorio nacional, al reconocer la anexión de Texas y ceder los territorios que hoy conforman los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Geográficamente, se estableció el Río Bravo (o Río Grande) como la frontera oficial entre ambos países. Jurídicamente, el tratado garantizó la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que quedaron dentro del territorio estadounidense, dándoles la opción de conservar la ciudadanía mexicana o adquirir la estadounidense.

El impacto en los mexicanos que viven en Estados Unidos

Para los aproximadamente once millones de mexicanos que residen en territorio estadounidense —documentados e indocumentados—, la vida cotidiana se ha convertido en un ejercicio silencioso de supervivencia. En este contexto, las redadas de ICE prácticamente duplicaron su ritmo de detenciones, pasando de alrededor de mil a cerca de dos mil diarias. El miedo se instaló en los barrios con alta concentración de población migrante, donde los agentes patrullan las calles, los estacionamientos y las zonas laborales. Declaraciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (Immigration and Customs Enforcement, ICE) señalan que en 2025 deportaron a 320,000 migrantes, el nivel más alto reportado en los últimos 12 años. ¿Cuántos de éstos fueron mexicanos? Se sabrá en uno o dos años cuando el US Department of Homeland Security publique su estadística anual. La estadística de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en México, declaró que, entre febrero de 2025 y febrero de 2026, los principales estados de nacimiento de la población deportada fueron Chiapas (16,196 devoluciones), Guanajuato (14,232), Guerrero (13,521), Veracruz (11,680), Oaxaca (11,322), Michoacán (10,951) y Puebla (10,284). Cifras conservadoras estiman sean al menos 160,000 mexicanos deportados en 2025.

Las consecuencias psicológicas son devastadoras. Investigaciones recientes documentan que la condición de "deportabilidad" —vivir bajo la amenaza constante de ser expulsado— genera por sí misma un estado de sufrimiento crónico que se manifiesta en altos niveles de ansiedad, angustia, miedo y frustración, afectando no solo a los migrantes sino también a sus familias enteras.

A su vez, los hijos de inmigrantes indocumentados internalizan la incertidumbre de sus padres y desarrollan lo que los investigadores describen como un "sufrimiento heredado" que atraviesa generaciones. En consecuencia, familias completas han dejado de acudir a servicios de salud, escuelas y espacios públicos por temor a ser identificadas, lo que profundiza su vulnerabilidad sanitaria y educativa.

Los operativos han cobrado vidas: se han registrado muertes durante procedimientos migratorios, lo que evidencia la brutalidad con la que se ejecutan estas políticas. Al mismo tiempo, el sistema de asilo ha sido progresivamente desmantelado, lo que ha cerrado las vías legales que antes ofrecían protección a quienes huían de la violencia. Incluso el propio presidente Trump ha reconocido que sus políticas perjudican sectores económicos como la agricultura, la hotelería y la construcción, donde la mano de obra migrante mexicana es fundamental.

La crisis de salud mental de los deportados

La evidencia científica acumulada revela que la deportación opera como un evento traumático de alta intensidad con un triple impacto: material, psicosocial y emocional. En este marco, desde el inicio del mandato, México ha recibido más de 56,000 connacionales deportados, personas que llegan con heridas visibles e invisibles. Estudios recientes muestran que el 53.5% de los deportados cumple criterios diagnósticos para trastorno de estrés postraumático, el 23.3% presenta trastorno de ansiedad y el 13.3% presenta depresión clínica. Además, en poblaciones de alto riesgo, como las personas en situación de calle o con historial de consumo de sustancias, la prevalencia de síntomas depresivos asciende al 45%. Los deportados tienen una probabilidad 5 veces mayor de reportar síntomas emocionales que quienes retornan voluntariamente, lo que evidencia el daño diferencial de la expulsión forzada.

Las mujeres deportadas enfrentan vulnerabilidades específicas: miedo permanente, afectividad negativa y ciclos de recaída en el consumo de sustancias agravados por el aislamiento. Por su parte, los adolescentes "deportados de facto" —hijos que deben reunirse con padres expulsados— experimentan impactos severos en su bienestar emocional y en su trayectoria educativa. En ese mismo sentido, estudios en Guerrero y Oaxaca documentan cómo la separación familiar genera depresión, ansiedad y desarraigo en jóvenes que crecieron en Estados Unidos y ahora deben adaptarse a un país que apenas conocen.

A pesar de la magnitud de esta crisis, menos del 10% de los deportados accede a servicios de salud mental en México. Históricamente, no existen programas federales de atención psicológica especializada ni protocolos de intervención basados en el trauma para esta población. En consecuencia, es necesario legislar una política pública que brinde atención mental a los migrantes deportados.

El impacto económico en México

El golpe más cuantificable se refleja en las remesas. Tras un crecimiento que superó los 64,471 millones de dólares (md) en 2024 —equivalentes a cerca del 3% del PIB nacional—, los envíos cayeron 3.9% en 2025 al captarse 62,471 md. Afortunadamente, de enero a mayo 2026 el Banco de México registra un repunte de 2.8% en el envío de remesas familiares.

Para millones de familias en estados como Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca, las remesas no son un complemento sino el sustento principal de sus familias. Tal descenso se traduce en una  disminución de alimentos, educación, atención a la salud y acceso a servicios básicos. Además, las comunidades receptoras carecen de infraestructura para reintegrar a los deportados: no hay empleo formal disponible, y la diferencia salarial desincentiva la actitud hacia el trabajo, el acceso al sistema de salud no está garantizado y el estigma social dificulta enormemente su reinserción a la vida cotidiana de sus lugares de origen.

El gobierno federal intenta paliar las políticas antiinmigrantes a través de la creación de cuentas de débito mediante el Banco del Bienestar, el cual disminuye el costo por envío de las remesas familiares. Otro más es el Programa de Emergencia Social, cuyo objetivo es brindar apoyo monetario temporal a las personas migrantes que ingresen al país, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Al cierre del primer trimestre del año, se han beneficiado un total de 122,527 personas; 11,172 (9.1%) corresponden a mujeres y 111,355 (90.9%) a hombres, aunque su monto es insuficiente.

Una crisis compartida

La política antiinmigrante de 2025-2026 ha demostrado que la frontera no separa las consecuencias: las amplifica. Por un lado, una comunidad aterrorizada en Estados Unidos reduce drásticamente su contribución, consumo y participación en la vida social y económica. Por otro lado, comunidades enteras en México pierden su principal fuente de ingresos y reciben de vuelta a personas con trauma acumulado, sin recursos institucionales para atenderlas. Lo que se presenta como una política de soberanía nacional es, en la práctica, un mecanismo de desestabilización transnacional que vulnera derechos humanos, fractura familias y genera una crisis de salud mental que tardará tiempo en sanar.