Eliminan los Órganos de Transparencia y Acceso a la Información

Por Marcos Méndez Lara

En los últimos meses, el marco jurídico y las instituciones que daban vida y soporte al derecho de acceso a la información en México fueron desmanteladas y sustituidas por otros mecanismos que todavía no están plenamente definidos ni validados. La pregunta clave que resulta de esta decisión del gobierno de la Cuarta Transformación es: ¿Con esta modificación tendremos mejores instrumentos y será más fácil para los ciudadanos conocer la información y los datos que se generan en la esfera pública gubernamental? 

No lo sabemos, existen muchas dudas. Mientras no se pongan a prueba los nuevos instrumentos y las instituciones que se encargarán de la operación para hacer efectivos estos derechos, no hay ninguna certeza. Por lo pronto, la validación de los nuevos instrumentos y la curva de aprendizaje para que ciudadanos y operadores gubernamentales los pongan en práctica, requerirán tiempo, un periodo de transición que en muchísimos casos se traducirá en zonas oscuras del quehacer gubernamental en los tres niveles de gobierno, especialmente en estados y municipios, y muy probablemente será pretexto para no rendir cuentas.  

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) era un órgano autónomo constitucional creado en 2014 y cuyo antecedente fue el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) surgido en 2002; ambas versiones del órgano garante nacional fueron clave en la promoción del derecho de acceso a la información en México. Desde su creación, el INAI abrió brecha para que la sociedad tuviera acceso a información importante como contratos públicos, sueldos de funcionarios, gastos del presupuesto, entre otros datos. Fue una herramienta de primer orden para periodistas, académicos, organizaciones civiles y ciudadanos comunes. Sin él, casos emblemáticos de corrupción como la “Casa Blanca”, la “Estafa Maestra” o el manejo opaco de recursos en diversas entidades no habrían salido a la luz con tanta claridad.

En efecto, desde su creación el INAI fue un instrumento esencial para que la ciudadanía pudiera conocer cómo se utilizaban los recursos públicos, cómo actuaban las instituciones y exigir responsabilidades. A través del INAI, miles de personas pudieron acceder a información sobre casos de corrupción, uso del presupuesto, contratos públicos, y decisiones gubernamentales que afectaban su vida cotidiana.

Sin embargo, desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el INAI fue objeto de críticas sistemáticas, se le acusó de ser un órgano "costoso", "ineficiente" y que duplicaba funciones. Por ello en febrero de 2024, el Ejecutivo federal envió una iniciativa para desaparecer siete órganos autónomos, entre los que se incluía al INAI, argumentando que eran “gastos superfluos” y representaban burocracia excesiva.

En noviembre de 2024, la Cámara de Diputados y luego el Senado aprobaron la reforma con mayoría calificada, explicando que eliminarían costos de hasta 1,000 millones de pesos al año y que “no servirían al pueblo”, esta reforma constitucional se publicó el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación y con ella formalmente quedó extinto el INAI y se daba luz verde para hacer lo mismo con los órganos garantes de la transparencia de las entidades federativas. 

  Más tarde, el 21 de marzo de 2025 entraron en vigor las leyes secundarias mediante las que se transfirieron las funciones al nuevo órgano denominado “Transparencia para el Pueblo” bajo la jurisdicción de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, dependiente del Ejecutivo federal.

Transparencia para el Pueblo es un organismo desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Anticorrupción, con “autonomía técnica” y se encargará de aproximadamente el 80% de las funciones del INAI. Según el gobierno, ofrecerá los mismos servicios con una reducción del 52% en costos operativos (unos 500 millones de pesos al año). Sin embargo, queda la enorme duda de si será un organismo imparcial, pues con mucha frecuencia será juez y parte en caso de controversias entre la ciudadanía y las dependencias de la administración pública federal.

En Guerrero

En 2005 fue creada la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero como el primer organismo especializado que facilitaría y garantizaría el acceso a la información pública a los guerrerenses. Años después, en 2010, modificaría su denominación para llamarse Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGRO) cumpliendo las mismas funciones con diferentes procedimientos.

Con la desaparición del INAI, también quedaba sentenciado a la extinción este y todos los órganos garantes de los estados, lo que sin duda se va a traducir en una tendencia hacia la opacidad gubernamental en los niveles locales. En el caso de Guerrero, el desmantelamiento del ITAIGRO incentivará a que las poco más de 200 dependencias públicas que están obligadas a transparentar sus acciones, simplemente se escuden en la opacidad y coloquen mil trabas a los ciudadanos que soliciten información.

Se estima que el ITAIGRO se extinga oficialmente en enero de 2026, esto como parte de la homologación de la reforma federal de simplificación orgánica. Durante 2025 se llevará a cabo la transición legislativa y operativa: se armonizará la Constitución estatal, se redactarán leyes secundarias, y se coordinarán los procedimientos para transferir sus funciones a distintos órganos internos del gobierno. 

En enero de 2026, con el inicio del siguiente ejercicio fiscal, el ITAIGRO desaparecerá formalmente, y sus atribuciones, especialmente la gestión de solicitudes de acceso a la información, protección de datos personales y recursos de revisión, se estima que serán asumidas por órganos de control interno en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y otros entes autónomos, de acuerdo con dos iniciativas para reformar la constitución local y leyes secundarias que actualmente se encuentran en estudio en el Congreso del Estado.

Es muy cuestionable, sobre todo en el caso de los ayuntamientos, que sean los órganos de control interno quienes se encarguen de algunas de las funciones que antes correspondían al ITAIGO, simplemente porque en la mayoría de gobiernos municipales ni siquiera tienen órganos de control interno, y en ese caso ¿quién se responsabilizaría de esa función? Asimismo, la experiencia dice que, incluso con el acompañamiento del ITAIGO, no era fácil solicitar información a las diferentes dependencias, pues éstas presentaban cualquier argucia para obstaculizar el ejercicio de este derecho. Con la atomización de las responsabilidades, acceder a la información pública del gobierno será una tarea cuesta arriba. 

El acceso a la información es un derecho llave que permite el acceso a otros derechos; es también una precondición fundamental para prevenir y controlar la corrupción. Si no se construyen instituciones y procedimientos confiables, expeditos y fluidos, el nuevo andamiaje institucional no será útil y entonces sí podremos hablar de que el cambio fue un retroceso.